Resumen:
El conflicto jurídico surge a raíz de un contrato privado de compraventa celebrado
en septiembre del año 1994, mediante el cual la demandante adquirió inmueble ubicado en
Av. Libertad 1561-San Miguel. Pese al pago íntegro del precio convenido, el sindicato no
formalizó el contrato mediante la correspondiente escritura pública, lo que motivó la
interposición de la demanda solicitando que se ordene judicialmente tal otorgamiento.
Durante el desarrollo del proceso, se presentaron una demanda inicial, una subsanación
por observaciones formales, y una contestación de la demanda por parte del sindicato,
alegando, entre otros puntos, la falta de validez del contrato por presunta ausencia de
representación válida de quien lo suscribió. Se dictaron múltiples resoluciones
interlocutorias que dirigieron el trámite procesal, y se programó una audiencia única.