PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO 2024

Abstract

La investigación aborda la aplicación del principio de oportunidad en los casos de omisión de asistencia familiar (OAF) en la provincia de Ayacucho, evaluando su efectividad como herramienta procesal y su impacto en la resolución de conflictos relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Este delito representa una seria vulneración de los derechos fundamentales de niños y adolescentes, quienes dependen de estas pensiones para garantizar su bienestar. En Ayacucho, el problema se agrava por las condiciones socioeconómicas precarias de las partes involucradas y la sobrecarga del sistema judicial, lo que dificulta la supervisión efectiva de El estudio revela que el principio de oportunidad, aunque diseñado para descongestionar los juzgados y promover soluciones rápidas, enfrenta importantes desafíos en su implementación. Un 54% de los fiscales encuestados considera que no garantiza una resolución efectiva de los conflictos, señalando como principales limitaciones la falta de seguimiento a los acuerdos y la alta reincidencia en el incumplimiento por parte de los imputados. Esta percepción coincide con estudios previos que destacan la necesidad de mecanismos de supervisión más rigurosos para garantizar que los acuerdos se cumplan y que las víctimas, en su mayoría menores de edad, no continúen en si. Además, un 78% de los fiscales percibe que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es intencional, lo que sugiere que muchos imputados, aunque tienen la capacidad económica para cumplir, eligen no hacerlo. Esta percepción pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas más efectivas que no solo fomentan el cumplimiento, sino que también sancionen adecuadamente a quienes incumplen deliberadamente. Por otro lado, el 76% de los encuestados apoya la eliminación de las penas privativas de libertad en los casos de OAF, argumentando que estas no resuelven el problema de fondo ni benefician directamente a las víctimas. En su lugar, se propone priorizar restaurativas, como el pago de las pensiones devengadas y la implementación de cuotas realistas ajustadas a la capacidad económica del imputado. Sin embargo, este enfoque debe ser complementado con estrategias que reduzcan la reincidencia y refuercen la percepción de justicia. El estudio también destaca que el plazo de 9 meses establecido en el Código Procesal Penal para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias se considera razonable por el 70% de los fiscales. Asimismo, el 74% respalda la implementación de cuotas para el pago de pensiones atrasadas, considerando que estas medidas podrían disminuir significativamente la reincidencia y mejorar la s. Otro hallazgo importante es que el 80% de los fiscales considera esencial establecer criterios en el Código Nacional de Procedimientos Penales que garantizan una compensación rápida a las víctimas. Esta propuesta busca priorizar el bienestar de los menores afectados y reducir los tiempos de espera para la resolución de los conflictos, alineándose con los pri. En conclusión, aunque el principio de oportunidad es una herramienta prometedora para la resolución de conflictos penales, su efectividad en Ayacucho está limitada por la falta de seguimiento y la percepción de impunidad. La investigación resalta la importancia de reforzar los mecanismos de supervisión, establecer criterios claros para su aplicación y priorizar medidas restaurativas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y la protección de los derechos de las víctimas. Solo a través de estas acciones será posible superar las deficiencias actuales y construir un sistema más justo y eficaz.