Resumen:
La necesidad de evaluar este principio constitucional surge de la naturaleza
cambiante del sistema jurídico y de la constante transformación de las relaciones
sociales. La legislación no siempre logra regular de manera inmediata o completa
todas las situaciones que emergen en la realidad, generando vacíos normativos
que pueden restringir el acceso pleno a la tutela jurisdiccional. Frente a ello, la
Constitución impone a los jueces la obligación de resolver los conflictos dentro
de su competencia incluso cuando no exista una norma específica aplicable,
evitando que la falta de regulación se convierta en un obstáculo para la
protección de los derechos.