Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la relación entre
la imputabilidad penal de los adolescentes y la aplicación del Principio del Interés Superior
del Niño en el sistema penal juvenil de Huancayo, durante el año 2024. Se trata de un
estudio de enfoque cuantitativo, tipo correlacional y diseño no experimental, que toma
como población a los operadores del sistema penal juvenil del distrito judicial de Junín,
con énfasis en el Centro Juvenil El Tambo. El problema de fondo radica en la aparente
contradicción entre el enfoque legal garantista y restaurativo del sistema penal juvenil
regido por el Decreto Legislativo N.º 1348 y las prácticas judiciales que, influenciadas por
criterios retributivos, priorizan la internación prolongada por encima de medidas
alternativas.
Para abordar esta problemática, se utilizaron encuestas estructuradas y análisis de
resoluciones judiciales, con el fin de evaluar el nivel de comprensión de los operadores
sobre la imputabilidad penal del adolescente, la duración y naturaleza de las medidas
aplicadas, y la incorporación efectiva del Principio del Interés Superior del Niño en sus
decisiones. Los resultados evidenciaron que existe una relación estadísticamente
significativa entre la rigidez con la que se aplica la imputabilidad penal y la escasa
observancia del principio del interés superior. En particular, se halló que el uso excesivo de
internamientos de larga duración se asocia con decisiones que invocan el ISN solo de
manera formal, pero sin un análisis individualizado, proporcional ni restaurativo.
Asimismo, se comprobó que los operadores con formación especializada en
derechos de la niñez aplican con mayor coherencia dicho principio, optando por medidas
socioeducativas no privativas de libertad que promueven la reinserción del adolescente
infractor. Se concluye que el respeto del Principio del Interés Superior del Niño en el
sistema penal juvenil no depende únicamente del marco normativo vigente, sino del
criterio técnico, ético y formativo de los operadores jurídicos. La investigación sugiere la
necesidad de reforzar la capacitación especializada y el seguimiento de las medidas
impuestas, así como armonizar la práctica judicial con los estándares internacionales
consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing.