Resumen:
La problemática de los hechos que presenta la Institución en estudio es la de erradicar la
provisionalidad y las ratificaciones de los Jueces y Fiscales de todos los niveles.
Durante el periodo presupuestal anual del año 2022 por toda fuente de financiamiento se
aprecia que hay un déficit presupuestal en comparación al periodo presupuestal del año 2021
de un 34.4% equivalente a (S/17,203,507.00), estos hechos ocasionan que esta institución que
tiene una gran responsabilidad en nuestra sociedad no pueda brindar buenos jueces y fiscales
probos e idóneos en beneficio de nuestra población.
Para cumplir con estos objetivos la parte administrativa debe contar con los recursos
financieros para poder contar con personal calificado para poder desarrollar las funciones
administrativas, como contratar personal bajo la modalidad de contratos administrativos de
servicios – CAS; ya que la ley del presupuesto prohíbe el nombramiento de personal
administrativo, así mismo la adquisición de bienes y servicios que forman parte de los
insumos primordiales para el desarrollo de las funciones.
Asimismo, debe contar con infraestructura y equipos de cómputo de última generación.