Resumen:
Naranjo, (2016), en su investigación tiene el propósito de examinar, como la motivación de las resoluciones de los poderes públicos es una garantía procesal de connotación constitucional, donde las autoridades públicas, particular, y jueces de garantías penales son responsables en la emisión de resoluciones correctamente justificadas y fundamentadas; conforme los parámetros que señala la Carta Magna, conjuntamente con la destreza y la experiencia de los justiciables, aplicando la lógica, la razonabilidad y compresión; que permitan asegurar la tutela efectiva y por tanto la seguridad jurídica que anhela todo justiciable. Considero el método deductivo descriptivo y sintético entre otros para solucionar carencia de motivación en la Unidad de Flagrancia, donde se demuestra la motivación de las resoluciones emitidas tanto de autoridades públicas ,particulares y de jueces penales son carentes de motivación, permitiendo ocasionar inseguridad jurídica en la administración de justicia, vulnerando los derechos fundamentales de los justiciables; por tal razón, la obligación de motivación en resoluciones deben realizarse conforme manda la Constitución, tanto en la aplicación de normas, principios jurídicos en que se fundamentan, y explicando
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