Resumen:
El marco jurídico que regula la contratación de servicios en el sistema
educativo presenta una serie de deficiencias y vacíos que afectan
directamente la seguridad jurídica de las partes involucradas. En un contexto
donde la educación constituye un servicio esencial y un derecho fundamental,
resulta imprescindible que las relaciones contractuales que se desarrollan en
este ámbito estén respaldadas por normas claras, coherentes y estables. Sin
embargo, en la práctica, se evidencia la existencia de inconsistencias
normativas, interpretaciones divergentes y una aplicación desigual de las
disposiciones legales, lo que genera incertidumbre y desconfianza en los
actores del sistema educativo.